FGR vincula a Ángel Aguirre Rivero por destrucción de pruebas en Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes sobre la apertura de un proceso judicial contra Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su presunta responsabilidad en la destrucción y alteración de material videográfico relacionado con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Según las investigaciones presentadas por la dependencia federal, existen indicios suficientes que señalan una intervención directa para ocultar grabaciones de seguridad que habrían sido fundamentales para esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala.

Los fiscales federales sostienen que el exmandatario estatal habría ordenado la manipulación de los registros de cámaras de videovigilancia instaladas en puntos estratégicos de la entidad durante la noche de la crisis. Esta acción, catalogada por el Ministerio Público Federal como un acto de obstrucción a la justicia y encubrimiento, habría impedido que las autoridades judiciales obtuvieran información precisa sobre el paradero y los movimientos de los normalistas durante las horas críticas de su detención ilegal.

La defensa legal del exgobernador ha comenzado a responder a las acusaciones, señalando que los señalamientos carecen de sustento documental directo y que se trata de una interpretación de los hechos por parte de la FGR. Por su parte, los representantes de las familias de los estudiantes han reiterado la necesidad de que cualquier funcionario, sin importar su jerarquía pasada, responda ante la justicia por las irregularidades administrativas y penales que obstaculizaron la verdad durante años.

Este nuevo avance en la investigación se suma a los esfuerzos de la actual administración federal por desarticular las redes de impunidad que persistieron en el estado de Guerrero. La FGR ha solicitado a un juez de control las medidas cautelares correspondientes para garantizar que el proceso siga su curso legal, mientras el equipo investigador continúa analizando nuevos testimonios y evidencias digitales recabadas en los últimos meses.

El caso sigue generando reacciones en el ámbito político nacional, donde diversos sectores han exigido que la investigación se realice con total transparencia y apego a derecho. Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación ha mantenido contacto con los colectivos de búsqueda para informar sobre el avance de las diligencias ministeriales y asegurar que las víctimas tengan acceso a la información contenida en los expedientes que han sido desclasificados recientemente.