Segob propone destinar 119.8 millones para defensa jurídica y migración en 2027

La Secretaría de Gobernación (Segob) ha presentado ante la Cámara de Diputados su propuesta de gasto para el Ejercicio Fiscal 2027, destacando un incremento en los fondos destinados a la defensa jurídica, la gestión de asuntos migratorios y el apoyo en la regularización de testamentos. El proyecto contempla una partida específica de 119.8 millones de pesos, orientada a robustecer las capacidades operativas de la dependencia en estas áreas estratégicas durante el próximo año.

El documento entregado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública detalla que el fortalecimiento de la defensa jurídica es una prioridad para garantizar la adecuada representación del Estado en diversos litigios. Asimismo, la propuesta busca optimizar la atención en el área migratoria ante los retos actuales en las fronteras del país, permitiendo una gestión más eficiente y humana de los flujos de personas que transitan por territorio nacional.

En cuanto a la atención ciudadana, el presupuesto plantea una expansión en los programas de asistencia para la elaboración de testamentos. Esta medida, según lo expuesto por el equipo técnico de la Segob, tiene como propósito fomentar la cultura de la previsión legal entre la población mexicana, facilitando el acceso a servicios notariales a costos reducidos o mediante esquemas de subsidio gestionados por la dependencia.

Los legisladores integrantes de la Cámara de Diputados comenzarán en los próximos días el análisis detallado de este presupuesto. Durante este proceso, se espera que representantes de la Secretaría de Gobernación comparezcan ante el Congreso de la Unión para explicar el desglose de los 119.8 millones de pesos y justificar la necesidad de estos recursos frente a las demandas sociales y administrativas del ejercicio entrante.

La propuesta de la Segob forma parte del paquete económico integral que el Ejecutivo Federal ha enviado para su revisión y eventual aprobación antes de que concluya el año. La asignación final de estos fondos dependerá de los acuerdos alcanzados por las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, quienes deberán determinar la viabilidad de los aumentos solicitados frente a la disponibilidad de los ingresos públicos para 2027.