SCJN ordena juzgar desapariciones de mujeres defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica que establece la obligatoriedad de juzgar los casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos bajo un enfoque de género e interseccionalidad. Esta determinación jurídica, emitida este domingo 19 de julio de 2026, marca un precedente fundamental para los tribunales del país, al señalar que la aplicación de estas herramientas no es una opción discrecional, sino una obligación constitucional indispensable para garantizar el acceso a la justicia y la verdad.

La decisión del máximo tribunal subraya que las autoridades judiciales deben considerar las condiciones de vulnerabilidad específicas que enfrentan las mujeres que realizan labores de defensa en México. Al analizar estos casos, los jueces están ahora obligados a identificar los riesgos diferenciados derivados de su labor, su contexto social y su identidad, evitando así la revictimización y asegurando que las investigaciones no se realicen de manera aislada o genérica.

Esta medida busca cerrar brechas en la procuración de justicia, especialmente en entidades donde la labor de defensa de derechos humanos, medio ambiente y territorio conlleva riesgos elevados para las mujeres. La SCJN enfatizó que ignorar el contexto de género al investigar la desaparición de una defensora constituye una falla en el debido proceso, contraviniendo los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano.

La resolución obliga a las fiscalías y juzgados del ámbito federal y estatal a reorientar sus protocolos de actuación. A partir de este momento, cualquier omisión en la aplicación de la perspectiva de género durante la investigación de estos casos podrá ser impugnada, fortaleciendo así los mecanismos de protección para quienes se dedican a la defensa de causas sociales en el territorio nacional.

Este fallo se suma a los esfuerzos institucionales por combatir la impunidad en casos de violencia contra las mujeres. Organizaciones civiles han señalado que la estandarización de este criterio judicial podría facilitar la identificación de patrones de criminalidad, permitiendo una respuesta más eficaz por parte de las instituciones de seguridad y justicia del país.