Presidenta cuestiona regreso del gobernador Rubén Rocha tras ausencia prolongada

La presidenta de México calificó este lunes como personal e imprudente el reciente regreso a sus funciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante su conferencia matutina de este 25 de agosto, la mandataria señaló que el mandatario estatal no notificó formalmente a la administración federal sobre sus movimientos ni sobre su periodo de ausencia, marcando un distanciamiento institucional evidente entre el Palacio Nacional y el gobierno estatal.

La jefa del Ejecutivo fue enfática al precisar que no ha sostenido comunicación alguna con el gobernador sinaloense y adelantó que no tiene previsto establecer contacto en el futuro cercano. Esta postura subraya la creciente tensión política que rodea a la gestión en Sinaloa, entidad que atraviesa un contexto complejo en materia de seguridad y gobernabilidad, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad civil y organismos empresariales locales.

El pronunciamiento de la presidenta ocurre en un momento crítico para la coordinación de las fuerzas de seguridad federales, incluyendo la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en el estado. Fuentes cercanas al gobierno federal indicaron que, a pesar de la falta de diálogo con el titular del ejecutivo estatal, los operativos de seguridad se mantienen conforme a las estrategias trazadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para garantizar el orden en la región.

Por su parte, el equipo de comunicación del gobierno de Sinaloa ha evitado emitir declaraciones detalladas sobre la agenda del gobernador tras su retorno, limitándose a informar que la administración estatal continúa con sus actividades ordinarias. La falta de coordinación política entre los niveles de gobierno ha generado incertidumbre sobre la eficacia de la cooperación interinstitucional en las próximas semanas, especialmente ante las exigencias de resultados en materia de seguridad pública.

Analistas políticos observan que esta fractura en la relación institucional podría complicar la gestión de recursos y programas de Bienestar en la entidad. La ausencia de un canal de comunicación oficial entre la presidencia y el gobierno local plantea un escenario inédito en la actual administración federal, obligando a los actores políticos a reevaluar las rutas de colaboración en el marco de la estabilidad democrática del país.