México recupera 5.8 millones de dólares vinculados al caso García Luna

El Gobierno de México informó este viernes 28 de agosto que ha logrado recuperar 5.8 millones de dólares, recursos que ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación. Este monto proviene de la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de activos vinculados a las investigaciones judiciales seguidas en contra de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal. La operación financiera se concretó tras un proceso de cooperación internacional y litigios civiles iniciados por el Estado mexicano para el retorno de capitales presuntamente desviados durante ejercicios fiscales pasados.

El ingreso de estos fondos a la Tesorería de la Federación marca un avance en la estrategia de la actual administración por recuperar recursos públicos que fueron objeto de litigios en el extranjero. Autoridades federales señalaron que el destino de este dinero será determinado bajo los lineamientos presupuestales vigentes, con la posibilidad de integrarse a programas sociales o proyectos de infraestructura prioritarios, conforme a las políticas de austeridad y transparencia que rigen al gobierno federal.

La recuperación de estos activos es resultado de una serie de acciones legales interpuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Consejería Jurídica de la Presidencia. El proceso implicó la coordinación con diversas instancias judiciales en jurisdicciones internacionales donde se localizaron los activos. Según lo comunicado por el equipo gubernamental, el objetivo central de estas gestiones es asegurar que los recursos que pertenecen al erario público sean reintegrados al patrimonio de la nación para su uso en beneficio de la ciudadanía.

Por ahora, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público supervisará la administración de estos fondos para garantizar que su aplicación se ajuste a la normativa vigente. El gobierno federal ha enfatizado que continuará con las investigaciones y los procesos legales necesarios para identificar y, en su caso, recuperar otros activos que pudieran estar relacionados con esquemas de corrupción detectados en pasadas administraciones públicas. Las autoridades aseguraron que se mantendrá la transparencia sobre el uso final de este recurso recuperado.