Kenia López acusa a consejera jurídica de exceder límites éticos

La senadora Kenia López Rabadán señaló este sábado a la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, por haber rebasado un límite ético fundamental en el ejercicio de su cargo. La crítica surge a raíz de la reciente publicación de un listado que contiene 120 cuentas de redes sociales calificadas como críticas hacia la actual administración federal.

Durante su posicionamiento, la legisladora argumentó que la exhibición pública de perfiles ciudadanos y de comunicadores representa un uso indebido de los recursos institucionales. Según la postura del equipo de la senadora, este tipo de acciones busca la estigmatización de las voces disidentes, lo cual contraviene los principios de tolerancia y respeto al debate democrático que deben prevalecer en el servicio público.

Por su parte, el equipo de la Consejería Jurídica ha sostenido que estas acciones forman parte de un ejercicio de transparencia y derecho a la réplica frente a la desinformación. Argumentan que el gobierno federal tiene la facultad de monitorear el entorno digital para responder a las narrativas que consideran falsas o tendenciosas, manteniendo así informada a la ciudadanía sobre las políticas implementadas por el gobierno de la República.

El debate ha generado diversas reacciones en el Senado de la República, donde integrantes de la oposición han solicitado una revisión sobre los protocolos que utiliza la Consejería para el manejo de información ciudadana. Se espera que este tema sea discutido en las próximas sesiones de la Comisión Permanente, donde se buscará esclarecer si el manejo de dichas bases de datos cumple con la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

Este episodio se suma a la creciente tensión política en el país en torno a la relación entre los funcionarios públicos y la libertad de expresión en entornos digitales. Mientras la oposición exige mayor mesura en el uso de los canales oficiales, los representantes del Ejecutivo mantienen que su labor es esencial para contrarrestar lo que denominan campañas de desprestigio contra las instituciones del Estado mexicano.