Juez federal frena cancelación de permisos de trabajo a migrantes en EE. UU.

Un juez federal en Estados Unidos emitió este martes una orden judicial preliminar que impide a la administración del presidente Donald Trump ejecutar su política de retiro de permisos de trabajo a solicitantes de asilo y beneficiarios de programas migratorios. La medida cautelar surge como respuesta a diversas demandas presentadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes argumentan que la cancelación abrupta de estas autorizaciones vulnera el debido proceso y pone en riesgo la estabilidad económica de miles de familias. Con esta resolución, el Poder Judicial estadounidense mantiene vigente el estatus laboral de los afectados mientras el litigio continúa su curso en las cortes federales.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México, las autoridades han señalado que mantienen un seguimiento puntual sobre esta determinación, dada la relevancia que tiene para los connacionales que residen en territorio estadounidense bajo esquemas de protección temporal. El gobierno mexicano ha reiterado a través de sus consulados que la asistencia jurídica y la protección consular son prioridades para salvaguardar los derechos de los trabajadores migrantes, independientemente de los cambios en las políticas internas del país vecino del norte.

La administración Trump había propuesto anteriormente restringir el acceso a estos documentos bajo el argumento de priorizar la mano de obra nacional y desincentivar las solicitudes de asilo que, según su equipo de trabajo, no cumplen con los requisitos legales establecidos. Sin embargo, el fallo judicial actual representa un obstáculo significativo para los planes ejecutivos de la Casa Blanca, al establecer que no pueden realizarse cambios discrecionales en el otorgamiento de permisos de trabajo sin antes cumplir con los procedimientos administrativos de notificación y consulta pública adecuados.

Especialistas en temas migratorios indican que, aunque esta decisión ofrece un respiro inmediato, el panorama legal permanece incierto debido a que la administración podría apelar la resolución ante instancias superiores. Por ahora, los titulares de permisos de trabajo pueden continuar con sus actividades laborales habituales, mientras organizaciones civiles y litigantes se preparan para las próximas etapas del proceso judicial. La expectativa se centra en si esta suspensión se convertirá en un freno definitivo o si las políticas migratorias enfrentarán nuevas modificaciones en los meses venideros.