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México

Investigan presuntas irregularidades en la estructura administrativa de La Casa de Toño

Documentos notariales revelan un esquema de administración y registro de fundadores que operó hasta 2025, despertando el interés de las autoridades fiscales.

Redacción Voz Ciudadana
Foto: sdpnoticias.com

Información recabada en registros públicos señala que la cadena de restaurantes La Casa de Toño mantuvo un esquema de administración y registro de fundadores ante la Notaría 181 que permaneció vigente hasta el año 2025. Este modelo operativo, bajo el cual se gestionaron las participaciones y la representación legal de la compañía, ha sido señalado por analistas como una posible red de prestanombres destinada a opacar la titularidad real de los activos y la toma de decisiones dentro de la empresa gastronómica.

El esquema, que fue formalizado mediante diversos instrumentos notariales, permitía la alternancia de figuras administrativas en los registros oficiales. Según especialistas en derecho corporativo, este tipo de prácticas suelen ser sometidas a revisiones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT para verificar si existe una simulación fiscal o una estructura diseñada para evadir responsabilidades corporativas ante las autoridades mexicanas.

Aunque la empresa ha mantenido un crecimiento constante en el sector restaurantero nacional, la revelación de estos documentos ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en su gobernanza interna. Fuentes cercanas al sector empresarial sugieren que la FGR podría iniciar indagatorias preliminares para determinar si las personas registradas como fundadores y administradores actuaron bajo mandato de terceros o si existieron irregularidades en la declaración de ingresos y beneficios económicos.

Hasta el cierre de esta edición, la administración de la cadena no ha emitido un posicionamiento detallado sobre las implicaciones legales de estos registros. No obstante, se espera que en los próximos meses se realicen auditorías integrales por parte de los organismos reguladores para deslindar cualquier responsabilidad administrativa o penal que pudiera derivarse de la gestión de estos activos durante el periodo analizado.

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