Exdirector de la DEA demanda acción judicial contra Rocha Moya

Derek Maltz, exdirector de la División de Operaciones Especiales de la DEA, señaló recientemente la necesidad de que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, enfrente un proceso judicial en Estados Unidos. El exfuncionario estadounidense sostuvo que existen motivos suficientes para que el mandatario sinaloense rinda cuentas ante la justicia de su país, vinculando su gestión con investigaciones sobre el crimen organizado transnacional.

El pronunciamiento de Maltz fue dirigido indirectamente hacia la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch. La petición busca una colaboración estrecha entre las autoridades de seguridad mexicanas y las agencias estadounidenses para determinar la presunta responsabilidad del gobernador en casos que han trascendido las fronteras nacionales en meses recientes.

Hasta el momento, la postura de las autoridades mexicanas se ha mantenido bajo los protocolos de cooperación bilateral y respeto a la soberanía nacional. La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con sus propias indagatorias sobre los hechos ocurridos en Sinaloa, mientras que la SRE mantiene los canales diplomáticos habituales para tratar temas de extradición y asistencia jurídica mutua con el gobierno estadounidense.

La exigencia del exdirector de la DEA se suma a una serie de presiones externas que han intensificado la atención sobre la situación política en Sinaloa. Mientras el debate escala en el ámbito internacional, el gobierno federal ha reiterado que cualquier proceso de entrega de funcionarios o ciudadanos a otros países debe apegarse estrictamente a los tratados de extradición vigentes y a las leyes mexicanas.

Por su parte, el equipo cercano al mandatario estatal ha rechazado las acusaciones, calificándolas de señalamientos sin sustento legal comprobado. La situación sigue siendo un punto de tensión en la agenda bilateral de seguridad, mientras diversos sectores de la sociedad mexicana observan el desarrollo de las investigaciones que involucran a figuras de alto nivel en la administración pública estatal.