El costo económico de desmantelar instituciones públicas funcionales en México
El análisis de Douglass North sobre el atraso institucional resuena en la administración pública mexicana actual, donde la eliminación de organismos técnicos afecta la estabilidad económica.
La premisa de Douglass North, Premio Nobel de Economía en 1993, sobre por qué algunos países parecen condenados al atraso, cobra vigencia este jueves 30 de julio de 2026 en el contexto mexicano. El académico sostenía que la prosperidad de las naciones depende fundamentalmente de la calidad de sus instituciones. En México, el debate sobre la reestructuración de diversos órganos autónomos y técnicos del Estado plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo en la certeza jurídica y la eficiencia operativa de la administración federal.
Especialistas en economía observan que, al desmantelar estructuras que funcionaban bajo criterios técnicos, se corre el riesgo de generar vacíos de información y supervisión. La falta de contrapesos institucionales, según diversos análisis del sector privado, podría influir negativamente en la percepción de los mercados y en la calificación crediticia del país. Esta situación se manifiesta en la incertidumbre que enfrentan sectores que dependen de regulaciones estables para sus proyectos de inversión a mediano y largo plazo.
Desde la perspectiva de la SHCP, las modificaciones administrativas se presentan como una vía para optimizar el gasto público y centralizar la toma de decisiones. No obstante, integrantes de diversos centros de pensamiento advierten que la sustitución de organismos especializados por nuevas áreas dentro de las Secretarías de Estado podría comprometer la continuidad de políticas públicas que requieren conocimientos técnicos especializados y autonomía frente a los ciclos políticos sexenales.
La historia económica reciente muestra que la debilidad institucional tiene costos tangibles para la población, incluyendo una menor capacidad de respuesta ante crisis o una gestión menos eficiente de los recursos públicos. Mientras el Congreso de la Unión continúa discutiendo reformas que afectan la estructura del Poder Judicial y otros entes autónomos, el desafío radica en cómo mantener la eficacia operativa sin sacrificar la calidad técnica que requiere un país con las dimensiones económicas de México.
En última instancia, el éxito de cualquier reingeniería gubernamental dependerá de si las nuevas dependencias logran superar los estándares de desempeño de las instituciones que reemplazan. La historia institucional indica que reconstruir la confianza y la capacidad técnica perdida suele ser un proceso mucho más largo y costoso que el mantenimiento de organismos que ya cumplen con sus funciones constitucionales.
