EE. UU. sanciona a cúpula del Cártel de Sinaloa y funcionarios mexicanos
El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra líderes criminales y altos cargos estatales por sus vínculos con actividades ilícitas y tráfico de sustancias.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este martes un paquete de sanciones económicas contra la estructura de mando del Cártel de Sinaloa. La medida incluye a una veintena de operadores clave de la organización delictiva, así como a diversos funcionarios públicos en activo dentro de administraciones estatales en México, señalados por facilitar presuntamente las operaciones de trasiego de drogas y lavado de activos hacia el mercado estadounidense.
La acción de la OFAC implica el bloqueo inmediato de todas las propiedades e intereses en bienes de los señalados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, prohíbe de manera estricta cualquier transacción comercial o financiera entre ciudadanos o empresas de Estados Unidos y las personas sancionadas, lo que busca desarticular las redes logísticas y financieras que permiten el funcionamiento de esta estructura criminal y su influencia en los gobiernos locales.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, ha señalado que revisará la información proporcionada por las autoridades estadounidenses para determinar el inicio de investigaciones paralelas en territorio nacional. Las autoridades mexicanas han enfatizado que cualquier funcionario que resulte responsable de actos de corrupción o nexos con la delincuencia organizada será procesado conforme al marco jurídico vigente en el país.
Estas sanciones se enmarcan en una estrategia de cooperación bilateral que busca debilitar las capacidades financieras de los grupos delictivos transnacionales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reiterado su compromiso de continuar con las labores de inteligencia y coordinación interinstitucional para combatir la infiltración del crimen organizado en los distintos niveles de gobierno en México, buscando fortalecer la integridad de las instituciones públicas estatales y municipales.


