Detienen a presidente municipal de Juchitán por presunta extorsión en Oaxaca
Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, fue aprehendido el pasado 23 de septiembre bajo cargos de extorsión.
El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido el pasado 23 de septiembre por elementos de seguridad. La aprehensión del funcionario se realizó en el marco de una investigación encabezada por la Fiscalía General del Estado, bajo la presunción de delitos relacionados con la extorsión en la región del Istmo de Tehuantepec.
Tras la ejecución de la orden de aprehensión, Sánchez Altamirano fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para determinar su situación jurídica. El operativo se llevó a cabo sin incidentes mayores, contando con el despliegue de fuerzas estatales que resguardaron el traslado del edil hacia las instalaciones de los juzgados locales donde se realizará la audiencia inicial de control de detención.
La detención se deriva de diversas denuncias interpuestas en los meses recientes, las cuales señalaban posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con fuentes judiciales, la carpeta de investigación se integró tras recibir reportes sobre presuntas prácticas de presión indebida contra sectores productivos del municipio, las cuales habrían motivado la intervención de las autoridades ministeriales del estado de Oaxaca.
Por su parte, el ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza ha mantenido una postura de reserva respecto al proceso legal en curso. Se espera que en las próximas horas, el cabildo municipal sesione para definir el protocolo a seguir conforme a la Ley Orgánica Municipal del estado, garantizando en todo momento la continuidad de los servicios públicos y la gobernabilidad en la demarcación.
El caso ha generado expectativa entre la población juchiteca, mientras que organizaciones sociales y sectores empresariales locales han solicitado que el proceso se lleve a cabo con estricto apego a derecho. Las autoridades estatales han reiterado que la investigación seguirá su curso legal hasta esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades penales pertinentes.
